Entre Tirios y Troyanos
Por: Fernando Mendoza
Académico, Analista Político y Consultor Media Training
Matemática de la democracia: Conveniencia del poder.
En política, pocas discusiones son tan delicadas —y al mismo tiempo tan decisivas— como las que giran en torno a las reglas del juego.
No se trata solo de leyes, artículos constitucionales o porcentajes de representación: se trata, en el fondo, de quién puede competir, cómo se accede al poder y bajo qué condiciones se ejerce.
En México, la inminente reforma electoral impulsada por el gobierno federal ha dejado de ser una propuesta técnica para convertirse en un espejo incómodo de nuestras tensiones políticas más profundas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el objetivo central de la reforma es “hacer más eficiente el sistema, reducir costos y fortalecer la democracia sin afectar su pluralidad”.
La narrativa oficial insiste en que no se busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) ni concentrar poder en el Ejecutivo, sino ajustar un sistema que, según sus impulsores, se ha vuelto costoso, complejo y distante de la ciudadanía.
Pero la política rara vez se resuelve en el plano del discurso. La realidad se mide en votos, alianzas, fracturas y resistencias. Y en este momento, la viabilidad de la reforma no depende tanto de su contenido final como de la capacidad de Morena para mantener cohesionada a su coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En números, el bloque gobernante parte de una posición privilegiada. En la Cámara de Diputados, Morena cuenta con 236 curules; el PVEM, con 77; y el PT, con 51. En conjunto, suman 364 de los 500 escaños, cifra superior a los 334 necesarios para una mayoría calificada que permita reformar la Constitución. En el Senado, la suma de Morena, PT y PVEM ronda los 83 de los 128 escaños, también suficiente para reformas constitucionales.
Desde el punto de vista aritmético, la reforma es posible.
Desde el punto de vista político, no es tan simple.
El PT, históricamente uno de los aliados más disciplinados de Morena, expresó reservas iniciales ante una reforma que reduzca el financiamiento público y modifique la representación proporcional.
Para un partido que no gobierna estados de manera significativa y cuya fuerza electoral depende en gran medida de las reglas de asignación de recursos y espacios legislativos, estos cambios no son menores.
Aunque recientemente cerró filas con el Ejecutivo, su respaldo no elimina el trasfondo de preocupación por la viabilidad futura de las fuerzas medianas.
El PVEM, por su parte, ha sido aún más cauto.
Sus dirigentes han señalado que no acompañarán una reforma que elimine o reduzca de manera drástica las diputaciones plurinominales ni una que afecte sustancialmente el financiamiento público a los partidos.
Su argumento es claro: sin representación proporcional, el sistema corre el riesgo de transformarse en una maquinaria de mayorías que excluya a las minorías políticas, erosionando la pluralidad que ha sido uno de los pilares de la transición democrática mexicana.
Estas tensiones no son anecdóticas. Son estructurales. Revelan una verdad incómoda: la coalición que hoy gobierna México no es un bloque ideológico monolítico, sino una alianza pragmática de fuerzas con intereses distintos, unidas por una coyuntura electoral favorable y una narrativa común, pero no necesariamente por una visión compartida del futuro institucional del país.
El debate sobre la reducción de diputados —de 500 a 300, según las versiones preliminares— es un ejemplo elocuente. La idea de disminuir el número de legisladores apela a una demanda ciudadana legítima: menos políticos, menos gasto, más eficiencia. En un país donde el financiamiento público a los partidos supera los 7,700 millones de pesos anuales y donde la confianza en los representantes es baja, la promesa de austeridad política tiene un atractivo inmediato.
Sin embargo, la representación no es solo una cuestión de costos, sino de equilibrio. Actualmente, 200 de los 500 diputados son electos por representación proporcional.
Este mecanismo ha permitido, durante décadas, que fuerzas políticas minoritarias accedan al Congreso y que sectores de la sociedad no mayoritarios tengan voz institucional.
Reducir drásticamente este componente no es un simple ajuste técnico: es una redefinición del modelo democrático.
Lo mismo ocurre con el financiamiento público. En 2026, Morena recibirá aproximadamente 2,615 millones de pesos; el PAN, 1,297 millones; el PRI, 982 millones; Movimiento Ciudadano, 969 millones; el PVEM, 832 millones; y el PT, 670 millones.
Estos recursos, aunque frecuentemente criticados por la opinión pública, cumplen una función clara: reducir la dependencia de los partidos respecto a intereses privados y garantizar un mínimo de equidad en la competencia electoral.
Recortar estos fondos sin un diseño alternativo sólido podría abrir la puerta a una política más vulnerable a la influencia del dinero privado, al financiamiento irregular o, en el peor de los casos, al crimen organizado.
En ese sentido, la austeridad política, si no se diseña con cuidado, puede convertirse en una austeridad democrática.
La oposición, predeciblemente, ha reaccionado con dureza. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han advertido que la reforma, tal como se perfila, podría consolidar una hegemonía de Morena y debilitar los contrapesos institucionales.
Más allá de la retórica partidista, sus críticas encuentran eco en sectores académicos y sociales que ven con preocupación cualquier intento de modificar las reglas electorales desde una posición de poder dominante.
Pero sería un error reducir este debate a una confrontación entre gobierno y oposición. La verdadera disputa está dentro del propio bloque gobernante.
Lo que está en juego no es solo una reforma, sino el tipo de coalición que Morena quiere —o puede— sostener en el largo plazo.
Tres escenarios se perfilan con claridad. El primero es el alineamiento completo: PT y PVEM aceptan la reforma con ajustes menores, permitiendo su aprobación constitucional.
Este escenario consolidaría la capacidad reformista del Ejecutivo y reforzaría la imagen de un bloque cohesionado.
Pero también implicaría asumir el costo político de una reforma que, aunque popular en ciertos sectores, podría debilitar la pluralidad legislativa.
El segundo es un alineamiento condicionado: la reforma se presenta, pero incorpora concesiones significativas a los aliados, preservando una porción relevante de plurinominales y manteniendo esquemas de financiamiento menos restrictivos.
Este escenario permitiría avanzar sin romper la coalición, pero diluiría el alcance transformador de la propuesta.
El tercero es la ruptura: alguno de los aliados decide no acompañar la iniciativa, impidiendo su aprobación o incluso su presentación.
Esto no solo frustraría la reforma, sino que pondría en entredicho la estabilidad política del bloque gobernante y su capacidad para impulsar cambios estructurales en el futuro.
Hasta aquí, el análisis podría leerse como una crónica más del juego político mexicano: negociaciones, tensiones, alianzas, cálculos. Pero hay un nivel más profundo que no puede ignorarse.
La reforma electoral no es solo una disputa por escaños o presupuestos; es una disputa por el sentido mismo de la democracia en México.
Durante décadas, el país luchó por construir un sistema plural, competitivo y relativamente equilibrado.
El INE —con todas sus imperfecciones— fue una pieza clave en ese proceso.
La representación proporcional permitió que voces diversas entraran al Congreso, que la oposición existiera más allá de la marginalidad, que el poder no se concentrara sin contrapesos.
Hoy, el péndulo parece moverse hacia otro extremo: la búsqueda de eficiencia, austeridad y gobernabilidad desde una posición de mayoría. No hay, en principio, nada ilegítimo en ello. Toda democracia se reconfigura, se adapta, se corrige. El problema no es reformar, sino cómo y para qué se reforma.
Si la reforma electoral nace de un consenso amplio, plural y transparente, puede convertirse en un paso adelante. Pero si se impone desde la fuerza de una mayoría coyuntural, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de control más que de fortalecimiento democrático.
Y aquí es donde el cierre de esta historia deja de ser previsible.
Porque más allá de si la reforma se aprueba o no, más allá de si el PT y el PVEM alinean o resisten, más allá de los números, los votos y los discursos, hay una pregunta que nadie en el poder parece querer formular con honestidad: ¿qué pasa si esta reforma, aun siendo legal, resulta políticamente correcta pero democráticamente empobrecedora?
¿Qué ocurre si, en nombre de la austeridad, se sacrifica la pluralidad? ¿Si, en nombre de la gobernabilidad, se reduce el disenso? ¿Si, en nombre de la eficiencia, se normaliza la idea de que menos voces son suficientes para representar a una sociedad profundamente diversa?
Porque la democracia no es solo una maquinaria de decisiones rápidas.
Es, ante todo, un sistema de frenos, de voces incómodas, de tiempos lentos, de negociaciones imperfectas. Es, por definición, ineficiente. Y quizá ahí radica su mayor virtud.
El verdadero riesgo de esta reforma no está en su texto final, sino en el mensaje simbólico que envía: que la pluralidad es prescindible, que la representación es un lujo, que el conflicto es un obstáculo y no una condición natural de la vida pública.
Tal vez el país necesita menos legisladores. Tal vez necesita menos gasto. Tal vez necesita instituciones más ágiles.
Pero lo que no necesita —bajo ninguna circunstancia— es una democracia más pequeña.
Porque cuando una democracia se reduce, no siempre se nota de inmediato.
No hay sirenas, no hay golpes de Estado, no hay tanques en las calles.
A veces, la democracia se reduce con aplausos, con votos, con discursos bien intencionados y con reformas perfectamente legales.
Y cuando finalmente nos damos cuenta de que algo se perdió, ya no es una ley lo que falta: es un derecho, una voz, un contrapeso, una posibilidad.
La reforma electoral no es, entonces, solo un asunto del Congreso.
Es una prueba moral para el poder.
Y quizá, también, una prueba de madurez para una sociedad que debe decidir si quiere una democracia más barata… o una democracia más viva.
Facebook / Instagram: Fernando Mendoza
TikTok: FerMendoza
Correo: fermendozanunez@hotmail.com
Este análisis se elaboró con información de:
El País, El Financiero, La Razón de México, El Economista, Milenio, Político MX, Latinus, Revista Panorama Latino, OEM / El Sol de México, AM, El Siglo de Durango, El Faro de la Costa Chica, México Business News, así como información institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Congreso de la Unión.
Su estructura fue filtrada en más de 5 plataformas diferentes.
Reporte Veracruz 24 horas 