Entre Tirios y Troyanos
Por: Fernando Mendoza
Académico, Analista Político y Consultor Media Training
Democracia barata: democracia que se vende
MÉXICO, INMINENTE REFORMA ELECTORAL.
En la política mexicana contemporánea pocas discusiones han logrado condensar con tanta claridad la tensión entre poder y reglas como el debate en torno a la reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.
No se trata, como se ha querido presentar desde el discurso oficial, de un simple ajuste administrativo ni de una depuración burocrática dictada por la “austeridad republicana”.
Para la oposición política —fragmentada, erosionada y con escasa simpatía social, pero no por ello carente de argumentos— el fondo del debate es mucho más profundo: quién diseña las reglas del juego democrático, desde qué posición de poder y con qué incentivos.
Desde el PAN, el PRI, los restos orgánicos del PRD, Movimiento Ciudadano y una constelación amplia de organizaciones civiles, académicos, exconsejeros electorales y especialistas en derecho constitucional, la lectura es prácticamente unívoca: la reforma electoral no fortalece la democracia mexicana; la reconfigura para hacerla funcional a una mayoría política circunstancial que aspira a convertirse en hegemonía duradera.
Esta afirmación, lejos de ser retórica alarmista, se sostiene sobre datos históricos, evidencia comparada y una experiencia institucional acumulada que México no puede darse el lujo de ignorar.
Uno de los ejes centrales del rechazo opositor es la defensa del Instituto Nacional Electoral como pilar de la estabilidad democrática.
Conviene recordar un dato que suele omitirse deliberadamente: México pasó más de siete décadas sin alternancia presidencial efectiva.
Fue apenas en el año 2000, tras una compleja ingeniería electoral construida desde la reforma de 1990 y profundizada en 1996, cuando se logró una elección presidencial ampliamente reconocida como legítima por todas las fuerzas políticas.
Desde entonces, el entonces IFE y hoy INE han organizado más de 330 elecciones federales y locales, incluyendo siete procesos presidenciales consecutivos (1994–2024), con niveles de certeza técnica y aceptación de resultados que colocan a México por encima del promedio latinoamericano, según datos de IDEA Internacional y del Latinobarómetro.
¿Es un órgano perfecto? Evidentemente no. ¿Es costoso? Sí.
Pero también lo es cualquier sistema electoral que pretenda garantizar padrón confiable, fiscalización exhaustiva, conteo transparente, capacitación de más de 1.5 millones de funcionarios de casilla por elección federal y cobertura territorial en más de 160 mil casillas.
Reducir presupuesto, estructura o autonomía del INE no equivale a “hacerlo más eficiente”; equivale, en términos operativos, a reducir su capacidad real de arbitraje.
La oposición interpreta —con razones fundadas— que la incomodidad del Ejecutivo con el árbitro electoral no deriva de su ineficiencia, sino de su independencia.
Un árbitro que sanciona, corrige y, en ocasiones, frena, es por definición un árbitro incómodo.
Uno de los argumentos más eficaces en términos comunicativos ha sido el de la austeridad.
Sin embargo, los datos desmontan rápidamente su aparente contundencia.
El presupuesto del INE para 2023 fue de aproximadamente 20 mil millones de pesos, lo que representó menos del 0.1 % del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para dimensionar: Pemex perdió en ese mismo año más de 620 mil millones de pesos, y el costo anual de los programas sociales prioritarios supera los 500 mil millones.
La pregunta, entonces, no es si la democracia cuesta, sino si estamos dispuestos a pagar su precio.
La evidencia comparada es clara: democracias que abaratan excesivamente sus procesos electorales terminan pagando costos mayores en litigios, conflictos poselectorales, pérdida de confianza ciudadana y, en casos extremos, regresión autoritaria.
La oposición advierte —con razón— que una democracia barata suele ser una democracia frágil, vulnerable a la captura política y a la manipulación desde el poder.
Otro punto neurálgico del rechazo opositor es la defensa del sistema de representación proporcional.
Los legisladores plurinominales, demonizados sistemáticamente desde el discurso presidencial, cumplen una función que va mucho más allá del reparto de curules: impiden que millones de votos queden políticamente anulados.
En la elección federal de 2021, por ejemplo, más de 25 millones de votos fueron emitidos por fuerzas distintas a la primera mayoría.
Sin representación proporcional, una parte sustancial de esos votos simplemente desaparecería del sistema legislativo.
El resultado sería un Congreso artificialmente homogéneo, sobrerrepresentado y desconectado de la diversidad política y regional del país.
La eliminación o debilitamiento de este mecanismo no es una innovación democrática; es un retroceso hacia modelos mayoritarios excluyentes, característicos de democracias incompletas o en regresión.
Bajo el argumento de que el momento importa porque la política no ocurre en el vacío, la oposición también subraya un elemento frecuentemente minimizado: la oportunidad política de la reforma.
No surge tras una crisis electoral, ni como respuesta a un colapso de confianza, ni como resultado de un consenso multipartidista.
Surge después de una victoria presidencial contundente, con mayoría legislativa y en medio de una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el órgano electoral.
Desde una perspectiva politológica, modificar las reglas del juego desde una posición de fuerza siempre genera sospechas legítimas.
Las democracias maduras reforman sus sistemas electorales desde el consenso; las democracias en tensión lo hacen desde la imposición y el mayoriteo.
Para la oposición, el problema no es un artículo específico, sino la lógica integral de la reforma, los riesgos sistémicos que van más allá de la ley.
Los riesgos advertidos son claros y documentables: debilitamiento del árbitro electoral, concentración del poder, reducción de la pluralidad legislativa, aumento de la judicialización política y erosión progresiva de la confianza ciudadana.
No es una hipótesis teórica. América Latina ofrece ejemplos suficientes de reformas electorales que, bajo la bandera de la eficiencia y la austeridad, terminaron consolidando proyectos de poder individualista.
Lo paradójico de esto, es que la oposición defiende instituciones en las que amplios sectores de la ciudadanía sí confían, pero lo hace desde partidos cuya credibilidad está profundamente erosionada.
Esa contradicción limita su capacidad de movilización social y diluye la potencia de argumentos que, en términos técnicos, son sólidos.
Defender la democracia desde actores desacreditados es una tarea ingrata, pero no por ello menos necesaria.
El debate sobre la reforma electoral no es, en esencia, sobre dinero, consejeros o curules. Es sobre poder. Sobre quién controla las reglas y con qué límites. Sobre si la democracia mexicana será un sistema diseñado para contener al poder o para facilitar su concentración.
La historia demuestra que las democracias no suelen morir de golpe. Se erosionan gradualmente, reforma tras reforma, justificación tras justificación, hasta que un día los ciudadanos descubren que las reglas ya no los protegen, los controlan.
La pregunta no es si esta reforma es buena o mala para un partido.
La pregunta es si estamos dispuestos a normalizar que quien gana el poder pueda rediseñar, a su conveniencia, las reglas que lo legitiman.
Esa, en cualquier democracia que se precie de serlo, debe ser una pregunta incómoda para todos… ¿Usted qué opina?.
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*Este análisis se elaboró con información de::
Instituto Nacional Electoral (INE), Cámara de Diputados – Presupuesto de Egresos de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), IDEA Internacional (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Latinobarómetro, OCDE, CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, México Evalúa, Integralia Consultores, Reforma, El Universal, Excélsior, Animal Político, Nexos, Letras Libres, Reformas electorales mexicanas (1977, 1990, 1996, 2007, 2014), Resultados electorales federales (1994–2024).
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